SOAT: ¿QEPD?

¿Están todos equivocados y nosotros somos los únicos que vimos la luz? El sentido común nos dice todo lo contrario. Y mientras ya han pasado dos años desde la derogación de la efímera ley del SOAT, el número de muertos y discapacitados no cesa de crecer en forma equivalente sobre el presupuesto de emergencias médicas y de los centros de atención a discapacitados físicos

En febrero de 2014 la ley que creaba el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito fue derogada. Desde entonces, el SOAT pasó al sótano del Congreso en donde se apilan todas las iniciativas fallidas del Poder Legislativo. Lo penoso de todo esto es que a lo largo de estos dos años, todos los indicadores que en su momento hicieron evidente la necesidad de este seguro no sólo siguen vigentes sino que se han profundizado.

Veamos. En 2014, el presupuesto de Salud Pública debió erogar algo más de US$ 104 millones para atender –prima facie- a las víctimas de accidentes de tránsito. El 56% de esos recursos, más de US$ 58 millones, estuvo destinado a motociclistas. Y decimos prima facie porque mientras las víctimas fatales cierran con su muerte el ciclo tenebroso de tales estadísticas, muchos de los sobrevivientes entran en otra etapa, la de recuperación o simplemente, la preparación para una larga vida de invalidez. Un estudio preparado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Asunción demuestra que la casi totalidad de los motociclistas accidentados está en la franja etaria de entre 18 y 29 años. En tanto, un escalofriante informe del Inpro de 2009 –antes de convertirse en el Senadis- daba cuenta de que en el Paraguay había por entonces unas 900.000 personas con algún grado de discapacidad, 315.000 de ellas a raíz de accidentes de motos. De acuerdo al informe de la UNA ya citado, un discapacitado físico producto de un accidente de moto –miembros amputados o diversos grados de parálisis- dejaba de percibir, en guaraníes constantes de 2009, unos G. 850 millones que hubiera ganado a lo largo de su vida productiva. Y de no producir nada, pasa además a ser una carga para la familia o para el Estado.

Somos el único país que no cuenta con un seguro obligatorio para la cobertura de accidentes de tránsito. Hace por lo menos cinco años que eso se debate y mientras en otros países ya es ley vigente desde hace décadas, aquí lo ignoramos olímpicamente. Avergüenza tener que admitirlo, pero tres ejemplos nos ponen en evidencia. En Bolivia, el seguro para motos cuesta un 40% más que el de un autobús. En Chile, seis veces más que el de un automóvil y en Colombia es el más caro entre todos los seguros para accidentes de tránsito. ¿La razón de estas proporciones? Todas las investigaciones indican que los ocupantes de una moto corren en promedio seis veces más riesgo de accidentarse grave o fatalmente que los de un automóvil o un microbús.

¿Están todos equivocados y nosotros somos los únicos que vimos la luz?

El sentido común nos dice todo lo contrario. Y mientras ya han pasado dos años desde la derogación de la efímera ley del SOAT, el número de muertos y discapacitados no cesa de crecer y de pesar en forma equivalente sobre el presupuesto de emergencias médicas y de los centros de atención a discapacitados físicos.

¿Qué espera el Congreso para volver sobre el tema?