14/09/2018
Un nuevo Gobierno asumió la conducción del Estado Paraguayo en agosto, con oportunidades para continuar con las políticas públicas y programas que con éxito consiguieron sus objetivos y lograron, en alguna medida, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
En ese sentido, se implementó el programa de renovación parcial de la flota del transporte público, con la introducción de ómnibus nuevos climatizados, brindando más comodidad y seguridad a los pasajeros. Además, se impulsó el Programa Auto Familiar mediante la Alianza Público Privada (APP) entre empresas asociadas a CADAM, el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Industria y Comercio, que facilitó el acceso a vehículos 0km.
Sin embargo, Paraguay sigue siendo el único país de la región que permite la importación de vehículos usados sin ningún mecanismo de control sobre esas unidades.
Ya no se debe permitir el avasallamiento de los importadores de autos usados, quienes utilizando cuestionables recursos socavan la Ley 4333/11, introduciendo año tras año autos usados que superan los 10 años de antigüedad. Sólo en el 2017, el 84% del total de autos usados superaron ese límite, y durante el periodo 2012 al 2017 ingresaron al país más de 260.000 unidades en estas condiciones.
Como consecuencia circulan por nuestras calles unidades cada vez más viejas. El parque automotor esta desactualizado, situación que genera altos riesgos de accidentalidad y mayores niveles de contaminación que repercuten negativamente en la salud de la ciudadanía.
Nuestro país es signatario de convenios internacionales que buscan mejorar las condiciones de salud pública y medio ambiente. En el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP 21 realizada en Francia en el 2015, el gobierno paraguayo firmó el Acuerdo de París, que fue ratificado por el Congreso Nacional el 21 de septiembre de 2016, comprometiéndose a reducir sus emisiones contaminantes. Sin embargo, aún no se observan medidas implementadas para cumplir los compromisos.
Las nuevas autoridades deben impulsar las iniciativas que buscan garantizar la seguridad física de las personas. Las Leyes tanto de Inspección Técnica Vehicular (ITV) como la de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) continúan siendo materia pendiente. Aproximadamente 17.000 accidentados ingresan por año sólo al Hospital del Trauma, generando gasto de dinero público por más de USD 100 millones, valor que pagamos todos los ciudadanos a través de los impuestos.
El nuevo Gobierno debe afrontar estos impostergables desafíos. Instamos a que las decisiones que se tomen sean consensuadas entre todos para generar soluciones integrales a los problemas.